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Política legislativa y comercio electrónico

La irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, está generando una nueva sociedad que recibe el nombre de "Sociedad de la Información". Ante esta nueva realidad, el Poder Legislativo ha de establecer cual es su política legislativa en relación con Internet y el comercio electrónico.

Por Martí Manent

La penetración social de Internet es una realidad pero desde diferentes sectores de nuestra sociedad, como el empresarial, se está reclamado, muy acertadamente, que esta penetración sea mayor para poder afrontar el desarrollo real del comercio electrónico. La principal preocupación del Poder Ejecutivo ha sido detectar cuáles son las acciones que generarían mayor beneficio desde una perspectiva comunicativa y claro ejemplo ha sido el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica, que fue gestado a toda prisa para que se pudiera decir que España está muy desarrollada ya que disponía de una normativa reguladora de la firma electrónica. Esta norma fue aprobada antes de que existiera la Directiva sobre la Firma Electrónica. Cualquier persona que la lea y no sea un experto avanzado en estos temas no comprenderá nada.

Han habido sectores muy atentos ante la regulación de estos temas. Concretamente, grandes industrias del sector como las operadoras de telecomunicaciones han actuado como lobby para poder defender sus intereses. Un claro ejemplo de la presión de las operadoras es la "Directiva del Comercio Electrónico" que tiene 24 artículos de los cuales 4 regulan la exoneración de responsabilidad en los negocios que desarrollan las compañías de telecomunicaciones. Es fácil detectar que el Poder Ejecutivo y el Legislativo saben que deben fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información pero no saben muy bien qué es lo que han de hacer y lo primero que hacen es empezar a legislar sin haber definido previamente cual es su política legislativa sobre estos temas. Esta falta de definición es aprovechada por los lobbys para introducir en los Reales Decretos, en las Directivas y en los Anteproyectos legislativos artículos que protejan sus intereses convirtiendo estas disposiciones normativas en la suma de los intereses de los lobbys con influencia sobre el Gobierno.

La acción del Poder Ejecutivo para fomentar el comercio electrónico y en definitiva la implantación de la Sociedad de la Información en nuestro país debería ir dirigida al establecimiento de un buen sistema de acceso a Internet, para lo cual es necesario un plan nacional de instalación de las infraestructuras de cable necesarias en el territorio estatal. En este sentido ya hay algunas administraciones que han visto que la existencia de cable (red de fibra óptica) es un hecho crucial para el desarrollo económico de sus regiones. Un ejemplo claro sobre la necesidad de mejores conexiones en nuestro país lo encontramos si, con una conexión normal, intentamos descargar una página del BOE a través de Internet, ya que vamos a tardar, si hay suerte, 3 minutos cuando debería ser instantáneo.

Estas son algunas de las acciones que el Poder Ejecutivo podría desarrollar y que fijarían las bases para que en España hubiera unas buenas infraestructuras que la hicieran más competitiva en el presente y con suficientes garantías para afrontar el futuro con las mismas herramientas que los países más avanzados. También es necesario abordar cuáles son las claves de la política legislativa relativa al comercio electrónico como elementos que influyen en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Principalmente hemos de identificar qué es necesario regular y qué no, ya que ante lo desconocido muchas veces se prefiere regular mucho sin pensar cuáles son las necesidades legislativas. Básicamente el Poder Legislativo ha de elegir entre el fomento de una nueva industria basada en el comercio electrónico o la creación de disposiciones que otorguen más seguridad jurídica a los actores, en muchos casos, los consumidores y usuarios. Una vez haya definido la política legislativa será necesario que las nuevas disposiciones sean redactadas por juristas conocedores de esta nueva realidad y que hagan normas adecuadas y no como las que hasta la fecha han preparado juristas que nunca se habían conectado a Internet como es el caso del desafortunado Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales.

Creo necesario que, ante las magníficas oportunidades que nos otorga la Sociedad de la Información, hagamos una reflexión previa de cuál debe ser la política legislativa adecuada, para que dentro de unos años podamos afirmar que España aprovechó las oportunidades que le brindaban las nuevas tecnologías.


Martí Manent

Director General de Derecho.com


Articulo publicado en iActual
Fecha 19-02-2001
http://www.iactual.com
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